El grupo lanza una primera petición a los/as Diputados/as: el concepto de pobreza o vulnerabilidad al transporte y la elaboración de una Estrategia Nacional contra la misma deben reflejarse en la Ley de Movilidad Sostenible.

28 de febrero de 2024.- La descarbonización del transporte y la transición energética representan una oportunidad, pero también pueden afectar de manera significativa a determinados hogares y sectores. En 2023 había 12,7 millones de personas en pobreza o exclusión social en España, este es un problema social multidimensional, y el acceso al transporte es una de sus dimensiones. Con el objetivo de impulsar propuestas sobre el análisis, la prevención, el seguimiento y la evaluación de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad vinculadas al transporte y la movilidad, ECODES pone en marcha un grupo de trabajo formado por investigadores y representantes de organizaciones ambientales, académicas, sociales y territoriales que, además, busca reflexionar, poner en valor el conocimiento conjunto y unir fuerzas. 

“Identificar qué colectivos pueden verse afectados e incluirlos en el diseño de las políticas es fundamental para minimizar los impactos sociales no deseados y, sobre todo, prevenirlos. Se trata de una labor fundamental para garantizar una transición justa y equitativa, evitando generar (o incrementar o exacerbar) situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad social, además del rechazo generalizado de la opinión pública a determinadas políticas y medidas necesarias en el momento que vivimos”, señalan desde el grupo. 

Una de las primeras líneas de trabajo de este grupo se centrará en la pobreza vinculada al transporte. En este sentido, cabe recordar que un estudio del BC3, centro vasco de investigación sobre cambio climático,  estima que alrededor de 500.000 hogares españoles son vulnerables en este ámbito. Esto se refiere a la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes asociados a los sistemas de transporte privado o público, su falta de acceso o su acceso limitado a aquellos necesarios para poder desplazarse en su vida cotidiana a los servicios y actividades. 

Por ello, y aprovechando la nueva tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible y el periodo de enmiendas que se abre, el grupo pide incluir este concepto y su definición inicial en el proyecto de Ley. También una referencia para emplazar al Gobierno a elaborar una Estrategia Nacional en el plazo máximo de dos años tras su aprobación con el fin de determinar su conceptualización, cuantificarlo, caracterizarlo, prevenirlo y atenderlo. A nivel europeo, tanto el Parlamento como la Comisión ya tienen en marcha iniciativas para avanzar en este sentido,  dada su estrecha relación con el Fondo Social para el Clima que se va a poner en marcha. Para tal fin, tanto España como  el resto de países deberán presentar sus Planes Sociales. 

“La Ley de Movilidad Sostenible debe ser el marco para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas, primando la cohesión social y la vertebración territorial, y ser respetuosa con el medio ambiente y el clima”, como ya expuso ECODES en el Congreso durante su anterior tramitación. Y, añaden, “su vinculación al proceso actual de descarbonización y de transición es obvia. El marco que presenta esta Ley es un comienzo para avanzar hacia un nuevo paradigma de movilidad sin dejar a nadie atrás, y el Plan Social para el Clima será una oportunidad para combatir estas situaciones”.

Además de la pobreza en transporte, en este espacio también se pretende reflexionar sobre políticas y medidas de restricción del tráfico de vehículos contaminantes y sus efectos entre las personas o sectores vulnerables, así como otras medidas vinculadas a la descarbonización y transformación del sector transporte/movilidad como, por ejemplo, los peajes urbanos o en autovías, las zonas de bajas emisiones, subvenciones a combustibles, etc. “Con este grupo, esperamos contribuir a situar a España entre los países avanzados a la hora de actuar ante estas situaciones de vulnerabilidad y para ello también tienden la mano a las administraciones públicas y otros actores para no cometer los errores pasados como ocurrió con la pobreza energética”, concluyen.